Por Joe Bergantino, Maggie Mulvihill y Sydney Lupkin/NECIR
Una investigación realizada por el Centro de Investigaciones Periodísticas de Nueva Inglaterra de la Universidad de Boston (NECIR-BU, por sus siglas en inglés) demostró que la División de Autopistas de Massachusetts ha entregado millones de dólares provenientes del plan de estímulo económico federal a compañías que han estafado a los contribuyentes, han contaminado el ambiente y que han pagado decenas de miles de dólares en multas por violar leyes de seguridad en los lugares de trabajo.
Algunas de las firmas no revelaron su historial de problemas con el estado a pesar de que se les exige en las “solicitudes de precalificación” que entregan para aprobar la licitación de contratos. Estas solicitudes son firmadas bajo pena de sanción por perjurio.
La Administradora de la División de Autopistas, Luisa Paiewonsky, expresó que “en las solicitudes los contratistas hacen declaraciones legales y podemos ejercer acciones legales al respecto, pero esto pareciera no ser suficiente como para disuadir a algunos contratistas. La integridad del contratista es algo en lo que dependemos para realizar nuestro trabajo de todos los días”.
Hasta el 30 de septiembre, 13 de 21 compañías a las cuales les concedieron contratos del plan de estímulo económico para transporte tienen historial de haber infringido la ley. En conjunto han recibido alrededor de $54 millones provenientes del plan de estímulo económico según muestra el registro estatal de contratos.
Las dos empresas con historial más grave de problemas son P.A. Landers Inc. de Hanover y Aggregate Industries Northeast Inc. con sede en Saugus.
En 2007, P.A. Landers y dos de los miembros de su alta gerencia, incluyendo su presidente Preston A. Landers, fueron condenados por estafar $332,686 al gobierno al sobrefacturar el asfalto suministrado por la empresa en varios proyectos viales.
Según muestran los registros de la corte federal, hasta el 3 de diciembre la compañía todavía debía $1 de una multa de $3 millones que fue impuesta por este caso. Sin embargo, Landers si llenó correctamente los formularios de solicitud de precalificación del estado, informando alrededor de $42,000 en multas canceladas al Departamento de Protección Ambiental del estado desde 2008, mencionó Paeiwonsky.
También en 2007, Aggregate Industries fue acusada de estafar a los contribuyentes al suministrar miles de camiones cargados de concreto de mala calidad para el proyecto del Big Dig. La empresa accedió a pagar $50 millones en multas civiles y criminales. El verano pasado, seis ex-gerentes de la compañía se declararon culpables o fueron condenados por estafar al gobierno en el mismo caso.
Funcionarios oficiales confirmaron que hasta el 3 de diciembre Aggregate todavía adeudaba $13 millones de $50 millones en multas.
Según un vocero de la oficina del Procurador General de los Estados Unidos en Boston, tanto Landers como Aggregate pueden usar los dólares del estado provenientes de los contratos del plan de estímulo económico para pagar las multas.
Landers tiene $4.4 millones en contratos incluyendo uno para repavimentar la autopista Bourne Scenic Highway que viaja a través de canal Cape Cod; por otra parte, según muestran registros de contratos estatales, Aggregate tiene $8.9 millones en contratos para trabajos viales en Harvard, Littleton, Avon y Stoughton.
La División de Autopistas del estado suspendió a ambas empresas para licitar en contratos estatales por un período de tiempo. En el caso de P.A. Landers fue suspendida por dos años y medio y Aggregate sólo por poco más de tres meses.
Paiewonsky dijo que quería prohibir permanentemente que ambas compañías hicieran negocios con el estado, pero que el abogado de la agencia expresó que hacerlo sería inconstitucional.
“Quería conseguir el máximo castigo para ellos no sólo para hacerles llegar el mensaje sino para que el mensaje llegara a toda la industria de la construcción”, expresó Paiewonsky.
“Cuando se cumplió la duración de la suspensión, no teníamos otro medio legal de castigarles”.
Funcionarios de Landers rehusaron repetidas invitaciones para realizar una entrevista, así como también el ex-presidente de la compañía, Preston Landers, quien todavía se encuentra sirviendo un tiempo de condena en la cárcel.
El Inspector General del Estado Gregory Sullivan dijo que una compañía como Landers debería haber enfrentado un castigo más fuerte. “Si por mí fuera, si a una empresa como Landers se le sorprende con las manos en la masa, robando a los contribuyentes, yo no les permitiría hacer negocios nuevamente”, expresó Sullivan.
A diferencia de Landers, Aggregate no reveló las multas ambientales por $600,000 que le impuso el estado desde octubre de 2006, así como también como otras multas que aparecen en los registros federales y del estado por $6,300 emitidas en julio de 2006 por la Administración Ocupacional, de Seguridad y Salud (OSHA, por sus siglas en inglés) por violaciones incurridas en un lugar de trabajo en Dorchester.
“Parece que no fueron sinceros y que firmaron este contrato bajo las penas de sanciones por perjurio”, mencionó Paiewonsky acerca de Aggregate.
La pregunta que aparece en el formulario de precalificaciones obliga a los contratistas a informar sobre cualquier “procedimiento civil, criminal o administrativo involucrando contratos públicos, leyes de protección ambiental o regulaciones” en los últimos tres años.
Esto aplica a agencias federales y estatales e incluiría violaciones de seguridad en el sitio de trabajo y violaciones ambientales, expresó Paiewonsky. La división utiliza la información proporcionada en la solicitud para determinar si están calificados para licitar contratos.
“Cualquier violación de la ley o de una regulación estatal es algo que tomamos muy serio”, dijo Paiewonsky.
En un comunicado, Aggregate declaró que había habido una “confusión” acerca de lo que se tenía que informar y que ahora la empresa tenía “nuevos dueños y una nueva administración con un programa estricto de normas para cumplir”.
Aggregate es una de por lo menos siete compañías de construcción de carreteras con historial de contaminación ambiental que ha recibido contratos del plan de estímulo económico.
Según muestran registros de la División de Autopistas la empresa P.J. Keating Inc., con sede en Lunenberg, no informó acerca de unas multas impuestas por el estado por un monto de $22,750 desde febrero de 2007 por violaciones de contaminación de aire y agua en Acushnet y Shirley.
Keating tiene $11.8 millones en contratos del plan de estímulo económico. Un funcionario de la empresa dijo que no sabía que debían revelar esa información.
D & R General Contracting, con $3.4 millones en contratos del plan de estímulo económico, no informó una multa impuesta en abril de 2008 de $17,500 por violaciones de limpieza de desechos en el sitio de trabajo, dijo la División de Autopistas del estado. La compañía expresó que la falta en informar sus récords fue honestamente un error.
“Me parece muy preocupante”, dijo Paiewonsky, refriéndose a la falta incurrida por las compañías en informar acerca de sus récords de violaciones.
Un abogado de un grupo de defensores del ambiente, The Conservation Law Foundation, dijo que las agencias estatales deberían dar preferencia a las empresas con récords ambientales impecables a la hora de asignar dólares provenientes del plan de estímulo económico.
“Pensamos que los fondos del plan de estímulo económico son una herramienta motivacional muy valiosa que puede premiar a empresas con récords ambientales extraordinarios y quienes han actuado más allá del cumplimiento de las normas legales”, mencionó Cynthia Liebman.
Por lo menos diez empresas con récords previos de violaciones de seguridad en el sitio de trabajo también han recibido contratos del plan de estímulo económico, encontró la investigación de NECIR-BU. Una de ellas es Liddell Brothers Inc. de Halifax, Mass. Lidell tiene un contrato del plan de estímulo económico por $2.6 millones.
La OSHA citó a la compañía cuatro veces por no proporcionar protección anti-derrumbes para trabajadores en zanjas o trincheras.
Lidell ha pagado $46,580 en multas y otras violaciones de OSHA, según muestran registros federales.
En una declaración realizada por la directora de OSHA del área, Brenda Gordon, en la cual anunció una de las multas, dijo: “El potencial de muerte o de heridas graves en este sitio de trabajo es real y tangible”.
Funcionarios de Lidell se negaron a comentar al respecto.
Paiewonsky expresó que la división no confirma la veracidad de la información proporcionada por los contratistas, en parte por falta de personal, pero planean comenzar a hacerlo.
El gremio de la industria de la construcción, Construction Industries of Massachusetts Inc. (CIM, por sus siglas en inglés), alega que la pregunta en el formulario es confusa.
Según exponen en una carta con fecha del 16 de noviembre a Paiewonsky, dicen que “ninguna persona tiene la misma interpretación o comprensión de qué es la información que deben proporcionar”.
CIM ha pedido una aclaratoria inmediata de la pregunta, mientras que algunos contratistas dicen que entregarán al estado una solicitud de precalificación con enmienda.
Jim Reger, presidente de P.J. Keating Inc., dijo que la empresa omitió las multas ambientales recientes de sus solicitudes de precalificación debido a que estas violaciones fueron realizadas por la división de piedras y canteras de la compañía, y esta división no licita en contratos de construcción de carreteras.
Reger mencionó que nadie de la División de Autopistas alguna vez le ha preguntado a P.J. Keating acerca de alguna información contenida en esa sección del formulario de precalificación.
“Por los últimos 10 ½ años hemos llenado nuestros formularios de la misma manera”, comentó.
Paiewonsky dice que los contratistas saben qué es lo que deben informar.
A través de un vocero ella aclaró que “nos sentimos cómodos con que el formulario está claro acerca de cuál es la información que se debe revelar”.
SOBRE NEW ENGLAND CENTER FOR INVESTIGATIONS @ BU
El Centro de Investigaciones Periodísticas de la Universidad de Boston (NECIR- BU, por sus siglas en inglés) es una alianza de periodismo de investigación dirigida por Joe Bergantino y Maggie Mulvihill. Entre los estudiantes que contribuyeron para este artículo se encuentran Ben Ezickson, Sarah Favot, Andrew McFarland y Jason Marder. Otros medios de comunicación socios del Centro son The Boston Globe, WBUR, New England Cable News, el Warren Group, El Planeta y el Lawrence Eagle-Tribune.
Una investigación realizada por el Centro de Investigaciones Periodísticas de Nueva Inglaterra de la Universidad de Boston (NECIR-BU, por sus siglas en inglés) demostró que la División de Autopistas de Massachusetts ha entregado millones de dólares provenientes del plan de estímulo económico federal a compañías que han estafado a los contribuyentes, han contaminado el ambiente y que han pagado decenas de miles de dólares en multas por violar leyes de seguridad en los lugares de trabajo.
Algunas de las firmas no revelaron su historial de problemas con el estado a pesar de que se les exige en las “solicitudes de precalificación” que entregan para aprobar la licitación de contratos. Estas solicitudes son firmadas bajo pena de sanción por perjurio.
La Administradora de la División de Autopistas, Luisa Paiewonsky, expresó que “en las solicitudes los contratistas hacen declaraciones legales y podemos ejercer acciones legales al respecto, pero esto pareciera no ser suficiente como para disuadir a algunos contratistas. La integridad del contratista es algo en lo que dependemos para realizar nuestro trabajo de todos los días”.
Hasta el 30 de septiembre, 13 de 21 compañías a las cuales les concedieron contratos del plan de estímulo económico para transporte tienen historial de haber infringido la ley. En conjunto han recibido alrededor de $54 millones provenientes del plan de estímulo económico según muestra el registro estatal de contratos.
Las dos empresas con historial más grave de problemas son P.A. Landers Inc. de Hanover y Aggregate Industries Northeast Inc. con sede en Saugus.
En 2007, P.A. Landers y dos de los miembros de su alta gerencia, incluyendo su presidente Preston A. Landers, fueron condenados por estafar $332,686 al gobierno al sobrefacturar el asfalto suministrado por la empresa en varios proyectos viales.
Según muestran los registros de la corte federal, hasta el 3 de diciembre la compañía todavía debía $1 de una multa de $3 millones que fue impuesta por este caso. Sin embargo, Landers si llenó correctamente los formularios de solicitud de precalificación del estado, informando alrededor de $42,000 en multas canceladas al Departamento de Protección Ambiental del estado desde 2008, mencionó Paeiwonsky.
También en 2007, Aggregate Industries fue acusada de estafar a los contribuyentes al suministrar miles de camiones cargados de concreto de mala calidad para el proyecto del Big Dig. La empresa accedió a pagar $50 millones en multas civiles y criminales. El verano pasado, seis ex-gerentes de la compañía se declararon culpables o fueron condenados por estafar al gobierno en el mismo caso.
Funcionarios oficiales confirmaron que hasta el 3 de diciembre Aggregate todavía adeudaba $13 millones de $50 millones en multas.
Según un vocero de la oficina del Procurador General de los Estados Unidos en Boston, tanto Landers como Aggregate pueden usar los dólares del estado provenientes de los contratos del plan de estímulo económico para pagar las multas.
Landers tiene $4.4 millones en contratos incluyendo uno para repavimentar la autopista Bourne Scenic Highway que viaja a través de canal Cape Cod; por otra parte, según muestran registros de contratos estatales, Aggregate tiene $8.9 millones en contratos para trabajos viales en Harvard, Littleton, Avon y Stoughton.
La División de Autopistas del estado suspendió a ambas empresas para licitar en contratos estatales por un período de tiempo. En el caso de P.A. Landers fue suspendida por dos años y medio y Aggregate sólo por poco más de tres meses.
Paiewonsky dijo que quería prohibir permanentemente que ambas compañías hicieran negocios con el estado, pero que el abogado de la agencia expresó que hacerlo sería inconstitucional.
“Quería conseguir el máximo castigo para ellos no sólo para hacerles llegar el mensaje sino para que el mensaje llegara a toda la industria de la construcción”, expresó Paiewonsky.
“Cuando se cumplió la duración de la suspensión, no teníamos otro medio legal de castigarles”.
Funcionarios de Landers rehusaron repetidas invitaciones para realizar una entrevista, así como también el ex-presidente de la compañía, Preston Landers, quien todavía se encuentra sirviendo un tiempo de condena en la cárcel.
El Inspector General del Estado Gregory Sullivan dijo que una compañía como Landers debería haber enfrentado un castigo más fuerte. “Si por mí fuera, si a una empresa como Landers se le sorprende con las manos en la masa, robando a los contribuyentes, yo no les permitiría hacer negocios nuevamente”, expresó Sullivan.
A diferencia de Landers, Aggregate no reveló las multas ambientales por $600,000 que le impuso el estado desde octubre de 2006, así como también como otras multas que aparecen en los registros federales y del estado por $6,300 emitidas en julio de 2006 por la Administración Ocupacional, de Seguridad y Salud (OSHA, por sus siglas en inglés) por violaciones incurridas en un lugar de trabajo en Dorchester.
“Parece que no fueron sinceros y que firmaron este contrato bajo las penas de sanciones por perjurio”, mencionó Paiewonsky acerca de Aggregate.
La pregunta que aparece en el formulario de precalificaciones obliga a los contratistas a informar sobre cualquier “procedimiento civil, criminal o administrativo involucrando contratos públicos, leyes de protección ambiental o regulaciones” en los últimos tres años.
Esto aplica a agencias federales y estatales e incluiría violaciones de seguridad en el sitio de trabajo y violaciones ambientales, expresó Paiewonsky. La división utiliza la información proporcionada en la solicitud para determinar si están calificados para licitar contratos.
“Cualquier violación de la ley o de una regulación estatal es algo que tomamos muy serio”, dijo Paiewonsky.
En un comunicado, Aggregate declaró que había habido una “confusión” acerca de lo que se tenía que informar y que ahora la empresa tenía “nuevos dueños y una nueva administración con un programa estricto de normas para cumplir”.
Aggregate es una de por lo menos siete compañías de construcción de carreteras con historial de contaminación ambiental que ha recibido contratos del plan de estímulo económico.
Según muestran registros de la División de Autopistas la empresa P.J. Keating Inc., con sede en Lunenberg, no informó acerca de unas multas impuestas por el estado por un monto de $22,750 desde febrero de 2007 por violaciones de contaminación de aire y agua en Acushnet y Shirley.
Keating tiene $11.8 millones en contratos del plan de estímulo económico. Un funcionario de la empresa dijo que no sabía que debían revelar esa información.
D & R General Contracting, con $3.4 millones en contratos del plan de estímulo económico, no informó una multa impuesta en abril de 2008 de $17,500 por violaciones de limpieza de desechos en el sitio de trabajo, dijo la División de Autopistas del estado. La compañía expresó que la falta en informar sus récords fue honestamente un error.
“Me parece muy preocupante”, dijo Paiewonsky, refriéndose a la falta incurrida por las compañías en informar acerca de sus récords de violaciones.
Un abogado de un grupo de defensores del ambiente, The Conservation Law Foundation, dijo que las agencias estatales deberían dar preferencia a las empresas con récords ambientales impecables a la hora de asignar dólares provenientes del plan de estímulo económico.
“Pensamos que los fondos del plan de estímulo económico son una herramienta motivacional muy valiosa que puede premiar a empresas con récords ambientales extraordinarios y quienes han actuado más allá del cumplimiento de las normas legales”, mencionó Cynthia Liebman.
Por lo menos diez empresas con récords previos de violaciones de seguridad en el sitio de trabajo también han recibido contratos del plan de estímulo económico, encontró la investigación de NECIR-BU. Una de ellas es Liddell Brothers Inc. de Halifax, Mass. Lidell tiene un contrato del plan de estímulo económico por $2.6 millones.
La OSHA citó a la compañía cuatro veces por no proporcionar protección anti-derrumbes para trabajadores en zanjas o trincheras.
Lidell ha pagado $46,580 en multas y otras violaciones de OSHA, según muestran registros federales.
En una declaración realizada por la directora de OSHA del área, Brenda Gordon, en la cual anunció una de las multas, dijo: “El potencial de muerte o de heridas graves en este sitio de trabajo es real y tangible”.
Funcionarios de Lidell se negaron a comentar al respecto.
Paiewonsky expresó que la división no confirma la veracidad de la información proporcionada por los contratistas, en parte por falta de personal, pero planean comenzar a hacerlo.
El gremio de la industria de la construcción, Construction Industries of Massachusetts Inc. (CIM, por sus siglas en inglés), alega que la pregunta en el formulario es confusa.
Según exponen en una carta con fecha del 16 de noviembre a Paiewonsky, dicen que “ninguna persona tiene la misma interpretación o comprensión de qué es la información que deben proporcionar”.
CIM ha pedido una aclaratoria inmediata de la pregunta, mientras que algunos contratistas dicen que entregarán al estado una solicitud de precalificación con enmienda.
Jim Reger, presidente de P.J. Keating Inc., dijo que la empresa omitió las multas ambientales recientes de sus solicitudes de precalificación debido a que estas violaciones fueron realizadas por la división de piedras y canteras de la compañía, y esta división no licita en contratos de construcción de carreteras.
Reger mencionó que nadie de la División de Autopistas alguna vez le ha preguntado a P.J. Keating acerca de alguna información contenida en esa sección del formulario de precalificación.
“Por los últimos 10 ½ años hemos llenado nuestros formularios de la misma manera”, comentó.
Paiewonsky dice que los contratistas saben qué es lo que deben informar.
A través de un vocero ella aclaró que “nos sentimos cómodos con que el formulario está claro acerca de cuál es la información que se debe revelar”.
SOBRE NEW ENGLAND CENTER FOR INVESTIGATIONS @ BU
El Centro de Investigaciones Periodísticas de la Universidad de Boston (NECIR- BU, por sus siglas en inglés) es una alianza de periodismo de investigación dirigida por Joe Bergantino y Maggie Mulvihill. Entre los estudiantes que contribuyeron para este artículo se encuentran Ben Ezickson, Sarah Favot, Andrew McFarland y Jason Marder. Otros medios de comunicación socios del Centro son The Boston Globe, WBUR, New England Cable News, el Warren Group, El Planeta y el Lawrence Eagle-Tribune.
