Por Virginia Gómez
Buenas noticias para la comunidad inmigrante de New Bedford. La compañía Michael Bianco, Inc., dedicada a la fabricación de equipo militar para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha accedido a pagar $850,000 a todos los empleados que trabajaron entre 2004 y marzo de 2007 en la empresa y que no recibieron compensación por las horas extra o dejaron de percibir su salario. El acuerdo asumido por la factoría beneficiará a 764 ex trabajadores, más de la mitad de ellos inmigrantes hispanos, independientemente de su estatus migratorio o del país en el que residen actualmente.
El nombre Michael Bianco, Inc. no ha dejado de sonar desde el 6 de marzo del año pasado. Ese día, la fábrica fue el blanco de una redada por parte de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que arrestaron a 350 trabajadores inmigrantes, principalmente de origen salvadoreño y guatemalteco, así como al propietario de la compañía, Francesco Insolia, y a tres gerentes por la contratación de ilegales.
A raíz de la redada, tras mantener entrevistas con más de 200 trabajadores detenidos, las organizaciones de asistencia Greater Boston Legal Services (GBLS) y South Costal Counties Legal Services, junto con el abogado Philip Gordon, descubrieron las violaciones laborales que estaban sufriendo los obreros y animaron a los empleados a presentar una demanda colectiva en la Corte de Distrito de Estados Unidos.
Según explicó Ingrid Nava, abogada de GBLS, se hicieron alegaciones sobre el impago de horas extra y sobre deducciones ilegales bajo ley estatal. La mayoría de los empleados debían trabajar 14 horas diarias -a veces incluso 16-, y lo hacían en dos turnos. El primero, diurno y a tiempo completo, era retribuido por Michael Bianco, Inc., mientras que el nocturno era abonado por Front Line Defense, Inc., una compañía ficticia creada por los responsables de la fábrica para evitar los pagos por horas extra.
Asimismo, la demanda expone que la empresa solía descontar del sueldo lo correspondiente a 15 ó 30 minutos de tiempo trabajado cuando los empleados fichaban un solo minuto después de la hora de entrada. Las deducciones, además, se efectuaban incluso cuando los operarios debían esperar para entrar por falta de relojes suficientes en la fábrica.
“Nosotros registrábamos la entrada a las 5:00am para Michael Bianco y debíamos volver a fichar a las 5:30pm para Front Line, así no podíamos reclamar las horas de más. Cuando yo ingresé en la fábrica nunca oí a nadie hablar sobre esto, supongo que la gente no hablaba por miedo a quedar desempleada”, indicó Elsy Hernández, de 29 años y que trabajó para Michael Bianco durante más de cuatro como costurera.
“La vida en la fábrica era un poco apresurada, pero era difícil escuchar el grito en medio de 700 personas”, dijo por su parte Digna Mendoza, de 25 años. Mendoza, que prestó sus servicios como costurera a la compañía durante cuatro años, no sabe cuándo ni cuánto dinero percibirá tras el acuerdo, pero mostró su satisfacción por las familias que se verán beneficiadas.
La compañía, que gracias a los contratos con Defensa vio cómo su plantilla aumentaba considerablemente desde 2003, destinará $450,000 a abonar las horas extra y otros tantos dólares para las deducciones ilegales. “Hemos reclamado lo correspondiente a tres años para acá, que es cuando tenemos certeza de que no pagó”, agregó Nava, quien informó de que GBLS implicó además al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que por entonces investigaba a la compañía. El pasado martes 18 de noviembre, el departamento laboral presentó una demanda federal independiente que establece el acuerdo de Michael Bianco de realizar pagos de restitución.
Según Nava, se prevé que las compensaciones lleguen a los trabajadores antes de que termine el año, aunque podrían comenzar a recibirlas en un mes. La retribución, que se hará a través del Departamento de Trabajo o de GBLS, dependerá de la duración del empleo y de las horas extra no pagadas de cada empleado. El que más, recuperará $8,000, y aquellos que fueron nombrados como representantes en el caso recibirán $2,000 adicionales.
“Junto con organizaciones como el grupo comunitario Maya K’iche de New Bedford, hemos mantenido contacto cien por cien con los trabajadores para poder localizarlos cuando llegara este momento”, asegura Nava, quien alertó sin embargo de que falta comunicación con algunos de los trabajadores que fueron deportados a sus países tras la redada.
La noticia del acuerdo, de cualquier forma, fue recibida con los brazos abiertos por servicios legales y trabajadores. “Estoy muy emocionada con el resultado, hemos sentado un precedente”, se felicitó Flor Chach, de 25 años, otra ex costurera de la factoría.
Un “tatuaje” en el historial
Las noticias sobre los incidentes en la fábrica Michael Bianco, Inc. han corrido como la pólvora desde la redada y muchos empresarios de New Bedford temen contratar a inmigrantes por miedo a correr la misma suerte. En este sentido, los ex trabajadores se quejan de la dificultad que están enfrentando para encontrar una fuente de recursos. “Llevamos un tatuaje por haber estado en Michael Bianco, nos lo suelen preguntar, pero está prohibido decirlo”, comenta Verónica Alonso, de 38 años y trabajadora de la factoría durante un año y medio.
Flor Chach coincide en lo mismo. “No he vuelto a trabajar desde la redada, lo he intentado un par de veces, pero hay mucha discriminación”, asegura. Digna Mendoza fue más afortunada. Ella volvió a encontrar trabajo como costurera, pero reconoce que le resultó muy difícil al principio, cuando el eco de la redada aún se oía fuerte.
No obstante, el compromiso adquirido por Francesco Insolia ha caído como una importante victoria entre los más de 700 ex trabajadores. “Aunque sigue habiendo mucha discriminación, el que este patrón pague es una lección para que otros propietarios cumplan las leyes”, aseguró Adrián Ventura, presidente de Maya K’iche.
Buenas noticias para la comunidad inmigrante de New Bedford. La compañía Michael Bianco, Inc., dedicada a la fabricación de equipo militar para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha accedido a pagar $850,000 a todos los empleados que trabajaron entre 2004 y marzo de 2007 en la empresa y que no recibieron compensación por las horas extra o dejaron de percibir su salario. El acuerdo asumido por la factoría beneficiará a 764 ex trabajadores, más de la mitad de ellos inmigrantes hispanos, independientemente de su estatus migratorio o del país en el que residen actualmente.
El nombre Michael Bianco, Inc. no ha dejado de sonar desde el 6 de marzo del año pasado. Ese día, la fábrica fue el blanco de una redada por parte de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que arrestaron a 350 trabajadores inmigrantes, principalmente de origen salvadoreño y guatemalteco, así como al propietario de la compañía, Francesco Insolia, y a tres gerentes por la contratación de ilegales.
A raíz de la redada, tras mantener entrevistas con más de 200 trabajadores detenidos, las organizaciones de asistencia Greater Boston Legal Services (GBLS) y South Costal Counties Legal Services, junto con el abogado Philip Gordon, descubrieron las violaciones laborales que estaban sufriendo los obreros y animaron a los empleados a presentar una demanda colectiva en la Corte de Distrito de Estados Unidos.
Según explicó Ingrid Nava, abogada de GBLS, se hicieron alegaciones sobre el impago de horas extra y sobre deducciones ilegales bajo ley estatal. La mayoría de los empleados debían trabajar 14 horas diarias -a veces incluso 16-, y lo hacían en dos turnos. El primero, diurno y a tiempo completo, era retribuido por Michael Bianco, Inc., mientras que el nocturno era abonado por Front Line Defense, Inc., una compañía ficticia creada por los responsables de la fábrica para evitar los pagos por horas extra.
Asimismo, la demanda expone que la empresa solía descontar del sueldo lo correspondiente a 15 ó 30 minutos de tiempo trabajado cuando los empleados fichaban un solo minuto después de la hora de entrada. Las deducciones, además, se efectuaban incluso cuando los operarios debían esperar para entrar por falta de relojes suficientes en la fábrica.
“Nosotros registrábamos la entrada a las 5:00am para Michael Bianco y debíamos volver a fichar a las 5:30pm para Front Line, así no podíamos reclamar las horas de más. Cuando yo ingresé en la fábrica nunca oí a nadie hablar sobre esto, supongo que la gente no hablaba por miedo a quedar desempleada”, indicó Elsy Hernández, de 29 años y que trabajó para Michael Bianco durante más de cuatro como costurera.
“La vida en la fábrica era un poco apresurada, pero era difícil escuchar el grito en medio de 700 personas”, dijo por su parte Digna Mendoza, de 25 años. Mendoza, que prestó sus servicios como costurera a la compañía durante cuatro años, no sabe cuándo ni cuánto dinero percibirá tras el acuerdo, pero mostró su satisfacción por las familias que se verán beneficiadas.
La compañía, que gracias a los contratos con Defensa vio cómo su plantilla aumentaba considerablemente desde 2003, destinará $450,000 a abonar las horas extra y otros tantos dólares para las deducciones ilegales. “Hemos reclamado lo correspondiente a tres años para acá, que es cuando tenemos certeza de que no pagó”, agregó Nava, quien informó de que GBLS implicó además al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que por entonces investigaba a la compañía. El pasado martes 18 de noviembre, el departamento laboral presentó una demanda federal independiente que establece el acuerdo de Michael Bianco de realizar pagos de restitución.
Según Nava, se prevé que las compensaciones lleguen a los trabajadores antes de que termine el año, aunque podrían comenzar a recibirlas en un mes. La retribución, que se hará a través del Departamento de Trabajo o de GBLS, dependerá de la duración del empleo y de las horas extra no pagadas de cada empleado. El que más, recuperará $8,000, y aquellos que fueron nombrados como representantes en el caso recibirán $2,000 adicionales.
“Junto con organizaciones como el grupo comunitario Maya K’iche de New Bedford, hemos mantenido contacto cien por cien con los trabajadores para poder localizarlos cuando llegara este momento”, asegura Nava, quien alertó sin embargo de que falta comunicación con algunos de los trabajadores que fueron deportados a sus países tras la redada.
La noticia del acuerdo, de cualquier forma, fue recibida con los brazos abiertos por servicios legales y trabajadores. “Estoy muy emocionada con el resultado, hemos sentado un precedente”, se felicitó Flor Chach, de 25 años, otra ex costurera de la factoría.
Un “tatuaje” en el historial
Las noticias sobre los incidentes en la fábrica Michael Bianco, Inc. han corrido como la pólvora desde la redada y muchos empresarios de New Bedford temen contratar a inmigrantes por miedo a correr la misma suerte. En este sentido, los ex trabajadores se quejan de la dificultad que están enfrentando para encontrar una fuente de recursos. “Llevamos un tatuaje por haber estado en Michael Bianco, nos lo suelen preguntar, pero está prohibido decirlo”, comenta Verónica Alonso, de 38 años y trabajadora de la factoría durante un año y medio.
Flor Chach coincide en lo mismo. “No he vuelto a trabajar desde la redada, lo he intentado un par de veces, pero hay mucha discriminación”, asegura. Digna Mendoza fue más afortunada. Ella volvió a encontrar trabajo como costurera, pero reconoce que le resultó muy difícil al principio, cuando el eco de la redada aún se oía fuerte.
No obstante, el compromiso adquirido por Francesco Insolia ha caído como una importante victoria entre los más de 700 ex trabajadores. “Aunque sigue habiendo mucha discriminación, el que este patrón pague es una lección para que otros propietarios cumplan las leyes”, aseguró Adrián Ventura, presidente de Maya K’iche.
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